El Tribunal de Apelación de París concedió a Vincent Bolloré una importante victoria legal el miércoles al dictaminar que el multimillonario francés y su empresa matriz Bolloré SE no controlan Vivendi en el momento de la reforma del conglomerado de medios en 2024. El fallo elimina, por ahora, la amenaza de una oferta de compra obligatoria que los analistas estiman que podría costar entre 6.000 y 9.000 millones de euros.
La decisión es una victoria significativa para Bolloré, cuya influencia en el panorama de los medios franceses ha atraído cada vez más atención en los últimos años a través de activos asociados con CNews, Europe 1, Journal du Dimanche y la editorial Hachette. También se produce cuando Canal+, el grupo de televisión de pago escindido de Vivendi como parte de la escisión, continúa su expansión internacional, incluida su reciente adquisición de la emisora sudafricana MultiChoice.
El conflicto surge de la reestructuración de Vivendi a finales de 2024, que dividió el conglomerado en cuatro entidades cotizadas por separado: Canal+ en los medios, Havas en comunicación/publicidad, Louis Hachette Group en el sector editorial y la reducción de la empresa matriz Vivendi. Canal+ cotiza en la Bolsa de Valores de Londres como parte de la escisión y desde entonces ha añadido una cotización secundaria en Johannesburgo.
CIAM, un inversor minoritario activista que posee una participación del 0,025% en Vivendi, sostiene que la reestructuración permite a Bolloré mantener su participación por debajo del umbral de oferta obligatorio de Francia del 30%, mientras sigue ejerciendo un control efectivo sobre Vivendi gracias a su estatus personal e influencia. Si el tribunal está de acuerdo, Bolloré podría verse obligado a lanzar una oferta obligatoria sobre la participación minoritaria restante de Vivendi.
Sin embargo, el tribunal de París rechazó este argumento y decidió que ni Vincent Bolloré ni Bolloré SE, directa o indirectamente, tenían la mayoría absoluta de los derechos de voto utilizados en las juntas de accionistas de Vivendi. Estos hallazgos también se aplican al Grupo Bolloré en general.
El tribunal condenó al CIAM a pagar aproximadamente 350.000 euros en costas judiciales, que se dividirán entre Bolloré y Vivendi. El CIAM ha dicho que apelará ante el tribunal civil más alto de Francia, la Cour de cassation.
Esta no es la primera vez que el tribunal de París interviene en la disputa. En abril de 2025, la Corte de Apelaciones falló en contra de Bolloré; sin embargo, la Corte de Casación anuló la decisión en noviembre de 2025 y devolvió el caso a un panel de apelación diferente. La decisión del miércoles confirmó en gran medida el razonamiento del tribunal superior.
La reacción del mercado fue muy rápida. Las acciones de Vivendi cayeron un 10% poco después de que se anunciara la decisión. La decisión también alivia las preocupaciones que rodean a Universal Music Group. Bolloré Group tiene una participación en UMG y los inversores especulan que Bolloré podría necesitar vender parte de esa posición para ayudar a financiar la compra forzosa de Vivendi. Sin un escenario de oferta obligatoria por ahora, la presión ha disminuido.
Fuera de los tribunales, la influencia de Bolloré sobre el ecosistema mediático francés probablemente seguirá bajo escrutinio político antes de la campaña presidencial de 2027.






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